Destitución presidencial

Desde Alta Mar (Puerto La Cruz)-.  El tema central de la política en Venezuela se circunscribe a la destitución del Presidente de la República por  abandono de cargo.

La Asamblea Nacional (AN) que está envestida de autoridad constitucional para determinar la responsabilidad política del Jefe de Estado y declarar la vacante del puesto, toma este derecho legal para presionar un cambio en la conducción del país.

Cuando el régimen de Nicolás Maduro cerró, a través de acciones burdas, la puerta electoral abrió las alamedas para otras acciones institucionales y constitucionales.

La iniciativa es plena de derecho. El Parlamento nacional puede enjuiciar políticamente a Nicolás Maduro y destituirlo, y sin salirse de los preceptos que marca la carta magna nacional.

La destitución del Presidente de la República es un acto legal y de respeto a la autonomía de los poderes públicos; y toma más fuerza debido a que el Poder Legislativo posee una legitimidad de origen y de ejercicio que la habilita para entablar esta discusión.

Por el otro lado, es menester recalcar que el Jefe de Estado está deslegitimado. A su elección viciada y con dudas se le suma su inacción política y administrativa para solucionar los problemas económicos, políticos, sociales y sobre todo humanitarios que a traviesa la nación; todo esto lo descalifica para seguir ocupando la Quinta de Misia Jacinta.

En el caso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que está integrado por un grupo de Magistrados que fueron designados de forma altamente írrita, lo que efectivamente le resta representatividad en el ejercicio del Poder Judicial, ha mantenido una política sistemática de violación a  la Constitución y colocado la justicia hacia un solo lado de la balanza.

Si hacemos referencia al Consejo Nacional Electoral, otro de los brazos ejecutantes de un régimen que se encuentra languideciendo, la renovación de parte de su directorio se efectuará en los próximos meses, mediante lo cual la Asamblea Nacional tiene toda la potestad de nombrar a nuevos Rectores que le den equilibrio y respetabilidad a este órgano del poder público.

Es decir, ni el TSJ y menos el CNE puede criticar las acciones que democrática y constitucionalmente está llevando adelante la Asamblea Nacional.

La destitución presidencial tiene que materializarse; Nicolás Maduro ha demostrado en los últimos tiempos su total incapacidad para conducir los destinos de la nación.

La medida es avalada por los altísimos índices de impopularidad que posee el señor Maduro. En las encuestas más conservadoras un 75% de la ciudadanía lo repudia como mandatario.  

Por ende, la destitución de Maduro es un clamor nacional y una necesidad política para el retorno de las libertades públicas en la nación.

La destitución legal, constitucional y legitimada por el respaldo popular es, más que un derecho parlamentario, una obligación que los diputados de la Unidad Democrática están asumiendo con valentía y gallardía.

Así de claro, así de simple.